¿Qué es el compliance penal y por qué es clave en las empresas?
El término compliance penal hace referencia a programas destinados a prevenir la comisión de delitos en el seno de una empresa u organización. El derecho penal corporativo es un concepto importado del derecho anglosajón, pero actualmente está en auge en la Unión Europea y, particularmente, en España.
Definición y marco legal del compliance penal
El compliance legal es la aplicación de un sistema de gestión para el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas y de las organizaciones.
Ámbitos donde se aplica y riesgos que cubre
Se aplica en ámbitos laboral, civil, mercantil, penal, administrativo y en el marco de normativa interna de la empresa o de la organización que esta misma se autoimpone.
En el ámbito penal, previene que personas jurídicas y personas físicas cometan delitos. Su implementación ayuda a evitar sanciones y fortalecer la confianza de los clientes en las empresas.
Además, en entornos empresariales con presencia internacional, la correcta gestión de disputas cobra gran relevancia. Aquí destacan prácticas como el arbitraje internacional en derecho mercantil, cada vez más adoptadas por empresas transnacionales.
Elementos de un sistema de cumplimiento penal eficaz
La evaluación de riesgos de compliance penal es un análisis de todos los factores que pueden hacer que una empresa (ya sea a través de las acciones o decisiones de sus directivos o empleados) incumpla sus obligaciones legales, normativas, estatutarias o contractuales.
Las empresas han de adoptar un código ético y de conducta y un plan de compliance legal que incluya el compliance laboral, compliance penal, compliance medioambiental, de diversidad e inclusión, protección de datos y ciberseguridad.
El compliance penal trata de evitar que se cometan delitos tanto por parte de los empleados como de las personas jurídicas, las cuales pueden ser ahora investigadas por delitos de blanqueo de capitales o delitos corporativos.
Casos reales y sanciones por incumplimiento
La Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Sentencia de 1 de diciembre de 2016, declaró la responsabilidad penal de la empresa, imponiéndole, en concepto de autora como persona jurídica, una multa de 80.000 euros por un delito de estafa procesal en grado de tentativa cometido por su administrador, al que condenó, a su vez, a 5 meses de prisión y al pago de una multa de dos meses con cuota de 6 € diarios, imponiéndoles a ambos, en la parte proporcional correspondiente, el pago de las costas judiciales.
En un Juzgado de lo Penal de Gijón se condenó por responsabilidad penal a un constructor a pena de prisión por apropiación indebida de una cantidad de dinero de terceros, y se condenó a la empresa como persona jurídica con la multa de 24.000 euros por el mismo motivo, al carecer de un modelo de prevención de delitos.
La Audiencia Provincial de Barcelona, en el año 2014, condenó a una persona jurídica como responsable penal y civilmente de un delito contra el medio ambiente, junto con el administrador de la entidad, condenando a la persona física a dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 €; y de manera independiente a la empresa, con la pena de multa de 2 años con una cuota diaria de 6 €, debiendo ambos indemnizar solidariamente por los perjuicios sufridos en la cantidad de 5.000 euros, así como al pago de las costas procesales.
Además, está en riesgo el robo de datos y existe el riesgo de incumplimiento de normativa penal, lo que no solo dañaría la reputación de las empresas, sino que podría conllevar condenas en el ámbito empresarial, tanto a los socios de la empresa como a las propias empresas como personas jurídicas.
Obviamente, las penas impuestas a las empresas son de carácter económico, pero las condenas solidarias a los administradores de las empresas y a las propias empresas están empezando a ser habituales en los delitos corporativos.
También se vuelve esencial en la gestión de conflictos colectivos, especialmente en compañías que operan en sectores regulados o de alta exposición legal.
Conclusión
Si eres un profesional del derecho y quieres especializarte en compliance penal, para asegurar los conocimientos jurídicos requeridos hoy día ya sea en tu propio despacho profesional o en otros despachos profesionales, es recomendable cursar el Máster en Derecho Internacional de la Empresa, que te especializa en el conocimiento del Derecho en materia de compliance penal, incluyendo el derecho penal corporativo y el uso responsable de la inteligencia artificial de forma ética con casos prácticos. El programa proporciona una visión moderna e innovadora de las herramientas digitales, siendo una escuela de negocios nativa digital.
